La política pública para las víctimas del conflicto armado es una intervención integral del Estado dirigida a los individuos, las familias o las colectividades que se han visto afectados por los diferentes actores del conflicto, en el marco de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, que derivaron principalmente en la ocurrencia de: homicidios, masacres, secuestros, desapariciones forzadas, torturas, delitos contra la libertad e integridad sexual en el marco del conflicto, incidentes y accidentes por minas antipersonales (MAP), munición sin explotar (MUSE) y artefacto explosivo improvisado (AEI), amenazas, actos terroristas, combates, enfrentamientos y hostigamientos, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado y despojo o abandono forzado de tierras.
Con base en lo anterior, mediante la Ley 1448 de 2011 y los decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011 y demás normas complementarias y reglamentarias, se establece la política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, que tiene como objeto primordial restituir los derechos de los individuos y colectividades que han sido víctimas del conflicto que por años ha vivido el país, así como garantizar el goce efectivo de sus derechos.
Bajo este contexto y, en armonía con el Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 "Es el tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible", el Comité de Justicia Transicional Departamental, espacio liderado por la Gobernación en el que se articulan todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención, Asistencia y Reparación a las Víctimas (SNARIV), aprobó su Plan de Acción Territorial (PAT), el cual, contiene acciones de atención, asistencia y reparación integral que contribuirán al goce efectivo de derechos de más de 70.000 víctimas que habitan en el territorio.
Todo este proceso avanza y se construye a diario, gracias a los invaluables aportes que, de manera acertada, realiza la población víctima del conflicto armado, a través de la Mesa departamental de Participación efectiva, quienes inciden de manera activa en la formulación, implementación y seguimiento de las acciones propuestas en el PAT.
Normatividad
