El acceso a la información pública es un derecho fundamental que fortalece la democracia, la transparencia y la participación ciudadana.
Para garantizar este derecho, los Estados deben establecer mecanismos efectivos que no solo permitan a la ciudadanía obtener información de las instituciones públicas, sino también generar espacios de diálogo que promuevan la colaboración y la toma de decisiones informadas.
